Muchas de las cosas que hacemos cada día rutinariamente como coger el metro en la misma parada, pagar con nuestra tarjeta de crédito, mandar un twit…dejan un ‘rastro digital’ y genera un considerable volumen de datos. Son los llamados Big Data (del idioma inglés grandes datos), que tratados y analizados, generan un gran negocio para las empresas.

Por ejemplo, en el caso de los Ayuntamientos, estas ‘huellas digitales del ciudadano’ pueden servir para reordenar el transporte público de una determinada área.

Las empresas privadas también se benefician de esto para aumentar sus ventas o mejorar sus servicios pues, potencialmente esta información tiene mucho valor, ya que a través de la realización de perfiles de los distintos usuarios, pueden ajustar al máximo la oferta de sus productos y servicios siendo de este modo, mucho más efectivos.

Pero este manejo de datos también despierta ciertos reparos en otros ámbitos ya que en muchas ocasiones, no sabemos quién o quiénes son los propietarios de nuestros datos por lo que deberíamos realizar siempre un consentimiento previo y, por supuesto, estar protegidos, por lo que los operadores de datos deberían tener una capacidad limitada a la hora de cruzar datos para informaciones.

Las autoridades europeas de protección de datos no son ajenas a este problema. Durante la “34 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad”, celebrada el pasado mes de octubre, se elaboró una Declaración sobre el creciente fenómeno de la recogida y tratamiento de datos personales para la elaboración de perfiles, tanto por parte de organismos públicos como por empresas privadas y, entre otras decisiones, animaron a los gobiernos de los países, entre ellos a España, a aprobar normativa que regule el uso del Big Data.